BUENOS AIRES.- El nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional y Urbano (IPCnu), que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó a elaborar con un grupo de universidades nacionales, contendrá una serie de indicadores que permitirán medir las variaciones, no sólo del país y por regiones, sino también en los diferentes sectores de la actividad económica, así como en grupos sociales.

Además, permitirá calcular, por ejemplo, tasas de evolución de precios específicas para segmentos sociales, como pensionados, o los hogares de bajos ingresos. También servirá para mostrar la evolución del indicador en distintas partes del país, o las divergencias entre las regiones urbanas y rurales.

Según anunció el Gobierno nacional, el IPCnu contemplará también los precios que cobra el sector minorista por los bienes de consumo vendidos a privados, pero también los que percibe el segmento manufacturero por los comercializados a minoristas y mayoristas, reflejados en un Índice de Precios al Productor (IPP).

Como existe una demanda intermedia y una final, y la mayoría de los sectores de la producción compran insumos y venden productos, además de un índice al consumidor, habrá otros de precios al productor, de inversión, comerciales y del Gobierno.

De acuerdo con el documento sobre el que trabajan el Indec y las universidades nacionales, el nuevo indicador puede utilizarse para una variedad de fines como contratos y pagos de seguridad social, el consumo en los hogares y la forma en que esto repercute en las cuentas nacionales, además de ser tomado como un indicador macroeconómico general.

Desde mayo de 2007, el instituto oficial dejó de difundir el IPC nacional, en el que estaba incluido Tucumán.

Usos múltiples

Según las consideraciones de quienes discuten la elaboración del nuevo índice, en vista de los numerosos usos de los IPC, es poco probable que un mismo índice cumpla satisfactoriamente con las necesidades de todas las aplicaciones. Por lo tanto, la discusión contempla que algunos países elaboran distintas variantes para determinadas finalidades.

El análisis del organismo de medición y de las casas de altos estudios comprende que un IPCnu, utilizado para la indexación de sueldos o de contratos de un grupo cualquiera, ya sea de población o de productos, debe reflejar la cobertura del grupo que se estudia. Por ejemplo, las ponderaciones de un IPC utilizado para indexar jubilaciones deberían abarcar solamente los gastos de la población de pensionados, y excluir productos que, presuntamente, son irrelevantes para los hogares más pobres, tales como bienes o marcas de lujo. Del mismo modo, si el IPC se utiliza para la indexación de sueldos, la exclusión de los hogares de sectores ricos y de jubilados puede estar justificada porque seguramente gastarán su dinero en cosas atípicas, por lo cual incluirlos distorsionaría el promedio global.

A fines de marzo, las autoridades del instituto de estadísticas y de 16 universidades nacionales se reunieron para iniciar la confección del IPCnu, que reemplazará al actual IPC que sólo mide las variables de la Capital Federal y del conurbano bonaerense. En esa oportunidad, la directora del organismo, Ana María Edwin, destacó la participación de las casas de altos estudios, y subrayó que "resulta importante porque los procesos de transformación se dan a partir de lo que acontece en los territorios que son los que mejor pueden dar cuenta de lo que se vive en ellos".

Sospecha de expertos

Esta nueva metodología de medición, que incluirá indicadores de canastas de consumo diferentes, surgió por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo de crédito amenaza con expulsar a la Argentina si es que no transparenta las estadísticas referidas a la inflación. Sin embargo, según publicó el diario "El Cronista", especialistas deslizaron la posibilidad de que el Gobierno intente, con esta diversidad de índices, diluir la medición oficial de la inflación, que generó críticas en los últimos meses.

El Gobierno nacional espera difundir el nuevo indicador de inflación luego de las elecciones legislativas de octubre, durante el último trimestre del año. El propósito es mostrarle al FMI los avances.

Los esfuerzos del Poder Ejecutivo por modificar las estadísticas oficiales de IPC y PBI comenzaron a principios de año, tras la moción de censura que emitió el organismo multilateral de crédito, que conduce la francesa Christine Lagarde. Esta sanción obliga a la Argentina a corregir sus estadísticas hasta fines de septiembre. (Télam-Especial)